La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), consolida su labor como organismo de referencia en el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, como queda patente en la intensificación de su labor a lo largo de 2017, año en el que ha llevado a cabo un total de 1.882 inspecciones de oficio de las 3.669 realizadas desde el comienzo de su actividad inspectora en 2014.
Esta cifra pone de relieve “el esfuerzo de la Agencia por potenciar el control de las operaciones comerciales en la cadena alimentaria en beneficio de todos los operadores, ya que en un único año se han desarrollado la mitad de las inspecciones totales”, destacan fuentes de AICA.
Como resultado de los controles realizados durante 2017 se ha efectuado la propuesta de 573 sanciones, el 62% de la cifra total de los cuatro últimos años de actividad de la Agencia, que asciende a 922 sanciones, por un importe superior a los 9,2 millones de euros. Por tipos de sanción, según los datos de la entidad, el incumplimiento de los plazos de pago concentra el 44% de las multas durante estos cuatro años, siendo la distribución comercial (mayoristas y minoristas) y el sector de la industria alimentaria los que se reparten casi a partes iguales las sanciones.
Las sanciones del pasado año suponen el 62% del total de las propuestas desde el inicio de la actividad de la Agencia en 2014, que ascienden a 922, y el incumplimiento de los plazos de pago concentra el 44% de las multas durante estos cuatro años
La segmentación en lo relativo al eslabón de la cadena implicado sitúa en primer lugar a la industria alimentaria, que concentra 424 de las sanciones impuestas, una cifra similar a la suma de las de la distribución mayorista (232) y la distribución minorista (248). Por sectores de actividad son las frutas y hortalizas las que acaparan más sanciones, con 287, seguidas por el sector lácteo, con 265.
Por tipo de infracción, la sanción más habitual es a causa del incumplimiento de los plazos de pago, que supone el 44% de los casos, que ascienden a 409, tras lo que se sitúa la reincidencia al cometer más de una infracción, con 244 casos, y la ausencia de contratos, con 167. Geográficamente, las comunidades autónomas que registran mayores porcentajes de sanciones propuestas por AICA son Galicia y Madrid, con el 17% y el 16%, respectivamente, seguidas por el País Vasco (11%), y Andalucía y Valencia con el 9% en cada caso.
AICA no solo actúa de oficio, sino que interviene, además, cuando recibe denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena. Desde 2014, se han recogido 210 denuncias, de las que 59 se recibieron en 2017, la mayoría en los sectores lácteo y de frutas y hortalizas. Por ‘venta a pérdidas’, práctica prohibida por la Ley del Comercio Minorista y que es competencia de las comunidades autónomas, se han dirigido a AICA 65 denuncias desde 2014, de las que 15 corresponden a 2017.
Además de la misión como vigilante del cumplimiento de la Ley de la Cadena, AICA inicia e instruye los expedientes sancionadores por impago de las cuotas obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales de aceite de oliva y aceituna de mesa, y desde 2016, es competente en el control oficial de los operadores acogidos a las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito supraautonómico. Concretamente, la misión de AICA consiste en comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de las DOP Jamón de Huelva y Arroz de Calasparra, y las IGP Los Beyos, Cordero Segureño y Carne de Ávila.
