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Aprobado el Documento sobre alimentación en centros escolares

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El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado ayer, 21 de julio, el “Documento de consenso sobre la alimentación en los centros escolares”, presentado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y que pretende contribuir a combatir el incremento del sobrepeso y la obesidad entre los más jóvenes. Según los datos presentados, uno de cada cuatro niños españoles padece sobrepeso u obesidad y esta patología se ha triplicado en los últimos veinte años.

Para contribuir a que estas cifras no sigan creciendo, el texto quiere establecer por primera vez criterios comunes para todo el territorio sobre las características nutricionales de los menús por grupos de edad, su contenido energético, la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos y el tamaño de las raciones.

Entre los principales aspectos que desarrolla este documento se encuentran las disposiciones legales en materia de seguridad alimentaria, las frecuencias de consumo recomendadas para los diferentes grupos de alimentos, las recomendaciones sobre la organización de los comedores, las garantías para la alimentación de los escolares con intolerancias y alergias alimentarias.

Uno de los puntos más polémicos de este trabajo es el relativo a la oferta alimentaria existente en las máquinas expendedoras y en las cantinas, quioscos o locales similares situados en el interior de los centros educativos. Al respecto, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez ha asegurado que “no se trata de prohibir, sino de no facilitar la disponibilidad de estos productos”. Para ello, también se ha acordado la retirada de las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas de las escuelas primarias con financiación pública, “una recomendación que han aceptado todos y que afecta a muy poco centros” ha afirmado la ministra.

El documento fija unos límites en el contenido en grasas, azúcares y sal, que deberán cumplir los productos que se oferten en los centros educativos y que estén envasados, ya sea individualmente o en cajas. Estos límites sitúan el valor energético máximo en 200 kilocalorías. Además, el 35%, como máximo, de las kilocalorías procederá de la grasa (este límite no se aplicará a los frutos secos sin grasas añadidas, ya que se trata de grasa presente en ellos de forma natural); un máximo del 30% de las kilocalorías procederá de los azúcares totales (este límite no se aplicará a las frutas y hortalizas, los zumos de frutas y no se contabilizará en la leche y los productos lácteos), y de las grasas saturadas procederá un tope del 10% (este límite tampoco se aplicará a los frutos secos sin grasas añadidas). Los alimentos ofertados no deberán contener ácidos grasos trans (excepto los presentes de forma natural en productos lácteos y cárnicos), edulcorantes artificiales, cafeína u otras sustancias estimulantes. Asimismo, se establece un máximo de 0,5 g de sal (0,2 g de sodio).

En la elaboración del documento, basado en recomendaciones internacionales, han participado técnicos del Ministerio de Sanidad y Política Social, del Ministerio de Educación, de las consejerías de Sanidad y de las consejerías de Educación. Además, se ha contado con el aval de las sociedades científicas integradas en la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad), así como de las asociaciones de madres y padres Ceapa y Cofapa, de la Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social (Feadrs), la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex (Aepnaa) y la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

Tras la aprobación de este documento, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha comunicado su desacuerdo con “este tipo de medidas prohibicionistas y unilaterales, que dejan sin resolver un problema tan importante para la sociedad como es la obesidad infantil”. Además, en su opinión “contradicen a la comunidad científica que, desde hace años, considera que éste es un problema multifactorial en el que la educación, la alimentación y la promoción de la actividad física son igual de importantes”. Para FIAB, “esta actitud del Gobierno rompe con el consenso y los principios de la Estrategia NAOS al establecer arbitrariamente una distinción entre alimentos buenos y malos”, y  ha reiterado el compromiso de la industria en la lucha contra la obesidad a través de su participación en la Estrategia NAOS e impulsando medidas de autorregulación como el Código PAOS.

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