El Gobierno aprueba el anteproyecto de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria

El Consejo de Ministros del 19 de octubre  aprobó sendos anteproyectos de ley para el sector agroalimentario, uno para fomentar la integración cooperativa y otro para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, respecto a los cuales, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que tienen el objetivo principal de conseguir un sector “más potente, competitivo, innovador, y exportador, y que tenga más capacidad de traslación de costes a los precios finales”.
Con estos anteproyectos, “el Gobierno cumple el compromiso electoral más importante en el marco del sector agroalimentario y, a la vez, afronta una reforma estructural muy potente en este sector”.  El ministro ha manifestado que el Ejecutivo era “muy consciente” de la importancia del sistema agroalimentario en el Producto Interior Bruto nacional (casi un 7,8%), además de generar casi 1,8 millones de puestos de trabajo. Además, se trata de un sector muy innovador y competitivo, con un incremento “muy notable” de sus exportaciones, lo que contribuye a la reducción del déficit comercial.
El anteproyecto de ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria establece la obligación formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohíbe determinadas prácticas comerciales, como las modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos; y regula otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.
Además, la normativa se establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos. En paralelo, los operadores podrán suscribir otros códigos de buenas prácticas mercantiles. 
Según ha puntualizado el titular de Agricultura, el Gobierno actúa como árbitro en esta materia, a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, “para garantizar el buen funcionamiento de la cadena, informar de la propuesta del Código de buenas prácticas y promover su adhesión entre los operadores de la cadena”. En definitiva, “si obligamos a que los precios sean por escrito, si el agricultor cuando entrega la mercancía conoce perfectamente el retorno que va a obtener, si no va a haber sorpresas por el camino, estamos garantizándole un precio objetivo justo”, ha concluido.
 Por su parte, desde la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, FIAB, tras estudiar el contenido del anteproyecto de ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, lo han acogido positivamente, considerando que “esta nueva ley, orientada a mejorar las relaciones entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria, permitirá crear valor y seguridad jurídica en el sector, al tiempo que beneficiará al consumidor”.  La patronal de la industria  considera  “importante destacar que en el origen de esta nueva ley está el reconocimiento por parte de las instituciones europeas de una realidad de prácticas abusivas y anticompetitivas que actualmente distorsionan el funcionamiento eficiente de la cadena alimentaria y no sólo ponen en peligro su sostenibilidad económica, sino que son perjudiciales tanto como para los operadores como para el consumidor”.
Según ha declarado Horacio González Alemán, director general de FIAB “urge la necesidad de contar con un marco transparente del que, a nuestro juicio, la cadena alimentaria carece actualmente y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de un sistema eficaz para dirimir cualquier conflicto, similar al modelo británico, con una Administración que tenga capacidad de acción”.

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