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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición

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La industria alimentaria tendrá que minimizar el contenido de las grasas trans y no se permitirá la venta de alimentos y bebidas en el ámbito escolar que no cumplan con una serie de criterios nutricionales. Estas son algunas de las normas contempladas en el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición aprobada el viernes, 3 de septiembre, por el Consejo de Ministros a propuesta de las ministras de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Con esta nueva normativa, que unifica la legislación sobre alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria, “el Gobierno da cumplimiento a un compromiso adquirido con los ciudadanos e incluido en los objetivos de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012, señalan fuentes de Sanidad. El texto no sólo incorpora los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria (todo lo referente a alimentos que no contengan patógenos o contaminantes), sino que también recoge la promoción de hábitos de alimentación saludables que actúen en la prevención de enfermedades.

Las mismas fuentes ministeriales destacan que “la ley es oportuna pues aunque existe un marco normativo básico a nivel europeo establecido por distintos reglamentos, es necesario dotar al Estado español de mecanismos de coordinación para lograr una efectiva aplicación de esos reglamentos en las diferentes Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia en el control oficial de los alimentos”.

Entre las medida en materia de seguridad alimentaria, la ley contempla la obligación por parte de las CCAA y de la Administración central de informar sobre el desarrollo de los controles oficiales, para dar cumplimiento a lo estipulado por la normativa europea, obligación hasta ahora inexistente. Otra novedad es la creación de un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria, coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que permitirá el intercambio de datos entre profesionales, investigadores y administraciones. También queda establecida la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, coordinada por la Aesan, al objeto de reforzar la vigilancia en seguridad alimentaria, mejorar la gestión de la calidad y apoyar la investigación.

En el ámbito de la nutrición, el proyecto de ley aborda distintos aspectos relacionados con la lucha contra la obesidad y la prevención de las enfermedades crónicas derivadas, como la diabetes tipo II o las enfermedades cardiovasculares. Entre otros puntos, se establece la obligación de revisar la Estrategia NAOS, creada en 2005, cada cinco años para actualizar y avanzar en sus objetivos. Para ello, se prevé la creación del Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad en España. La Ley también introduce, por primera, vez la prohibición de discriminación por razón de obesidad, aspecto que tiene especial relevancia considerando que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso, también el 9,13% de los niños y adolescentes padecen obesidad y el 18,48%, sobrepeso.

La Ley también propone medidas concretas en lo que referente a la composición de los alimentos y la alimentación en el entorno escolar. Así, en lo relacionado con las grasas trans que son producidas en las operaciones industriales y que han demostrado ser perjudiciales para la salud, se establece la obligación de las industrias de utilizar tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria, para lo que las empresas tendrán que modificar los procesos en los que los alimentos se enriquezcan con las mismas.

En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, la ley promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos.

En el ámbito de la publicidad de los alimentos, la Ley propone el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante la firma de acuerdos de corregulación con los operadores económicos y los responsables de comunicación audiovisual. El objetivo es establecer códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población de menos de 15 años, lo que supone elevar la edad del actual Código PAOS, promovido en 2005 por la AESAN y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para la autorregulación en materia de publicidad, de los 12 años a los 14.

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