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El sector alimentario contra la nueva Ley de Residuos

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Ante la inminente aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la semana pasada se reunieron en Madrid representantes de FIAB, en representación del sector de alimentación y bebidas; Aces, en representación de las cadenas de los supermercados; Anged, en representación de la gran distribución; Asedas, en representación de los distribuidores, autoservicios y supermercados; la Confederación Española del Comercio (CEC) y los Sistema Integrados de Gestión de Ecovidrio – envases de vidrio- y Ecoembes – envases de plástico, latas y briks, y envases de papel y cartón.
El objetivo de este encuentro era detallar los posibles graves efectos que tendría la introducción del SDDR en España, tal y como reza el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que ha sido aprobada por el Senado.
El SDDR ha sido presentado como una buena solución al reciclaje de envases, aunque las entidades asistentes al acto creen que el efecto será el contrario, ya que “apenas mejorarían las tasas actuales de reciclado y provocaría perjuicios directos a los consumidores, el comercio, el sector alimentario y la distribución sin razón medioambiental alguna que lo justifique”.
Se trata de la primera vez que en España se unen entidades representativas de la industia alimentaria, el comercio, la distribución y los sistemas integrados de gestión de envases (SIG’s) para denunciar un texto legal “que puede afectar muy seriamente a la gestión medioambiental en nuestro país”. 
Si finalmente se implantara este sistema, las empresas envasadoras de alimentos y bebidas se verían gravemente afectadas  porque tendrían que hacer frente a un doble gasto de logística e infraestructura, y a su vez, en la gestión de envases que actualmente está en manos de Ecoembes y Ecovidrio.
José Guerrero, secretario general de la CEC afirmó que “este sistema es inviable para el pequeño comercio porque supondrá un gran gasto en logística y personal”.
La distribución, los autoservicios y supermercados creen que no pueden asumir la puesta en marcha de este sistema, que conllevará la implantación en España de cerca de 20.000 máquinas para la devolución de envases, con un precio de 20.000 euros por unidad, lo que supone un desembolso cercano a los 400 millones de euros.
Todos los asistentes destacaron que los principales afectados serán los consumidores, ya que el SDDR es un sistema 8,5 veces más caro que el actual. Los ciudadanos tendrán que abonar un depósito por cada envase, que sólo se recuperará en el caso de que éste sea devuelto al comercio en perfecto estado de limpieza y conservación.

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