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FIAB y entidades agrícolas y ganaderas en desacuerdo con Competencia

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Las organizaciones representantes de los agricultores y ganaderos españoles, Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, así como de la industria, FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) y Promarca han emitido un comunicado en el que  exponen su postura respecto al informe no vinculante emitido el 8 de enero por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en relación al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria (APLCA) presentado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Consejo de Ministros en octubre de 2012. Para estas entidades, la postura de la CNC no satisface sus expectativas por lo que reivindican “la potestad del Gobierno para regular los graves desequilibrios que plantea la cadena agroalimentaria, y apoyan sin fisuras el paso adelante dado con el APLCA, urgiendo su trámite parlamentario”.

La iniciativa propuesta por el Gobierno pretende lograr un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, esencialmente, mediante una regulación de las prácticas comerciales entre los distintos operadores de dicha cadena. A tal efecto, establece: un catálogo de obligaciones para determinados operadores en relación con el régimen de contratación; otro catálogo de prácticas consideradas “abusivas”, e instaura un régimen de infracciones y sanciones administrativas para penalizar su incumplimiento.

Según destacan los representantes de agricultores, ganaderos e industria, el documento de la CNC “reconoce los principales problemas que hoy aquejan a este conjunto, que son: asimetría, falta de transparencia, prácticas potencialmente desleales y contrarias a la competencia”. En este sentido, “celebramos que la autoridad de la competencia no cuestione la formalización de los contratos ni la fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas”; e incluso reconozca que “no son objeto de denuncia por el operador que la padece, principalmente por la eventual situación de desequilibrio existente en la relación comercial continuada”.

Sin embargo, estas entidades se lamentan de que en su informe, “la CNC no entiende como necesario adoptar medidas complementarias para resolver esta grave problemática que afecta a una parte estratégica de la economía nacional; alternativas que ayudarían a proteger la innovación, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores frente a las prácticas desleales”. Punto éste en el que “disentimos con el organismo de competencia, ya que la experiencia nos ha demostrado (tal y como reconoce la propia CNC) que, ni el marco jurídico vigente (Ley de Defensa de la Competencia y Ley de la Competencia Desleal), ni los esfuerzos privados (Acuerdo FIAB-ASEDAS y otros de carácter autonómico) han supuesto avance alguno en la resolución de los problemas constatados ni en el equilibrio de la cadena agroalimentaria”.

En concreto, sobre el régimen de infracciones y sanciones administrativas propuesto en el APLCA, la autoridad de la Competencia señala que “en cuanto a la necesidad del régimen de infracciones administrativas, teniendo en cuenta que hablamos de relaciones contractuales privadas entre operadores económicos, la intensidad de esta regulación puede resultar inapropiada”. Y recomienda que el APLCA “debería prescindir de este régimen sancionador y reforzar la aplicación de los actuales mecanismos de respuesta a las infracciones sustantivas ya existentes”.

 

Transparencia en la regulación de los Laboratorios Agroalimentarios

 

La CNC también emite su valoración respecto a la Disposición adicional primera del APLA, relativo a la regulación de los Laboratorios agroalimentarios para el control oficial dependientes del Magrama. En este apartado se establece que la designación, por parte de las autoridades competentes de las comunidades autónomas de los laboratorios para hacer el control analítico oficial, tendrá validez para todo el territorio del Estado y los laboratorios designados formarán parte de la Red de Laboratorios Agroalimentarios del Magrama, lo que permitirá una coordinación más eficaz del soporte analítico del control oficial. A su vez, establece que dicho soporte se llevará a cabo por laboratorios acreditados que tengan implantados sistemas de control de la calidad de acuerdo con lo que establezca la normativa comunitaria, de modo que los resultados de los análisis presenten una elevada calidad y uniformidad.

A este respecto, el informe de la CNC concluye que “convendría dejar establecido que la designación deberá poder obtenerse por los laboratorios que lo soliciten, en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias, siempre que cumplan los requisitos que a tal efecto se determinen normativamente, los cuales deberán resultar justificados en su necesidad y proporcionalidad”.

 

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