Hacia una nueva Ley de Seguridad Alimentaria

El presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Roberto Sabrido Bermúdez, avanza los matices más importantes de este nuevo instrumento jurídico, más acorde con la realidad nutricional española y que busca integrar la dispersión normativa actual en esta materia

El pasado 2 de octubre, el Consejo de Ministros fue informado por la Ministra de Sanidad y Política Social y la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que unifica en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria. El Gobierno da cumplimiento a un compromiso adquirido con los ciudadanos e incluido en la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012.
Una de las características de la legislación alimentaria en la actualidad es su dispersión normativa. Con la nueva ley se aborda de forma integral la seguridad alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor, para anticiparse a riesgos físicos, químicos y biológicos. La globalización de los intercambios comerciales y los movimientos migratorios, los cambios en las preferencias de consumo alimentario y en la nutrición de los ciudadanos españoles, plantean problemas nuevos que exigen soluciones legislativas también nuevas.
La Ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos y biológicos, desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución, teniendo en cuenta de forma muy particular la creciente importancia de los riesgos nutricionales, dada la preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad.
Además, el conjunto de las comunidades autónomas ha asumido, sin excepción, las competencias de desarrollo normativo y ejecución de las materias relacionadas con la seguridad alimentaria. De ahí que la nueva Ley otorga una especial importancia a los aspectos relativos a la coordinación y cooperación entre administraciones para el diseño de planes oficiales de control integrados, coordinados y, en la medida de lo posible, sistematizados con respeto a la organización jurídica de competencias y a las exigencias establecidas en la normativa nacional y comunitaria.
Nunca hasta ahora se ha tenido tal conocimiento de la relación existente entre alimentación y salud, ni se han generado tantas situaciones de incertidumbre científica que ponen frecuentemente a los poderes públicos en la disyuntiva de elegir entre seguridad alimentaria y eficiencia económica, ni se ha demandado por parte de la ciudadanía una intervención administrativa tan importante para garantizar la gestión de los riesgos.
Entre las iniciativas más destacadas incluye la creación de una Red Estatal de Laboratorios de Control Oficial de Alimentos. En esta red tendrán cabida laboratorios públicos y privados, con objeto de hacer el mejor aprovechamiento de las capacidades de cada laboratorio estableciendo una cartera de servicios para su trabajo en Red.
Introduce el concepto de que la seguridad alimentaria alcance también a los consumidores con necesidades alimenticias especiales. Los alimentos deben ser seguros también para las personas afectadas de intolerancias y alergias alimentarias. Este colectivo lleva años deseando que se plasme en una norma su situación para que así sea más tenida en cuenta.
Se establece la posibilidad de celebrar convenios de colaboración para la creación de órganos mixtos de control e inspección, o para otras formas de colaboración con las CC.AA. y los Ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en este tema. Se trata, con ello, de poder dotarnos de unas estructuras para armonizar mejor la ejecución de estas competencias en todo el Estado.
Se establece un sistema de información sobre seguridad alimentaria. Actualmente no existe como tal, lo que genera varias disfunciones. Con este sistema pretendemos establecer un instrumento de coordinación e intercambio de información entre profesionales, investigadores y administraciones.
Se da a la Estrategia NAOS cabida en la Ley como estrategia interdepartamental e interadministrativa y con agentes sociales.
Con cierta frecuencia salen en la prensa noticias referentes a este aspecto debido a su trascendencia social pues, además, el problema del sobrepeso y la obesidad afecta en mayor medida a las clases socialmente más desfavorecidas, de ahí que se establezca por primera vez en una Ley la prohibición de discriminación por razón de sobrepeso u obesidad.
También, en las medidas especiales dirigidas al ámbito escolar, se establece la obligatoriedad de que los menús escolares sean supervisados por profesionales con formación universitaria adecuada, lo hasta ahora dependía del interés de cada CC.AA. Con ello, pretendemos unificar esta obligatoriedad en todo el Estado.
Asimismo, se establece también la obligatoriedad de informar a los padres del menú, así como de las calorías y nutrientes principales de las comidas y bebidas. De esta forma, los padres podrán hacer, si quieren, los cálculos para completar la dieta de sus hijos. También se les informará de los nutrientes que puedan provocar alergias alimentarias.
No se permitirá la venta de alimentos con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares en los centros escolares. Ya sea mediante máquinas expendedoras o en cantinas, bares o locales similares situados en el interior de los centros escolares.
Se establece que en las Administraciones Públicas, cuando saquen a concurso sus concesiones de cafeterías, se valore en los pliegos de prescripciones técnicas que la alimentación que se sirva sea variada y equilibrada.
Hay, por primera vez en este tema, una mención para las personas desfavorecidas y dependientes, obligando a la administración a difundir hábitos alimentarios saludables entre estos colectivos, así como a establecer un plan de fomento de la seguridad alimentaria dirigido a estos sectores.
Asimismo, establece que el contenido en ácidos grasos trans de los aceites y materias grasas, que bien solos o formando parte de la composición de alimentos se destinen a la alimentación humana, no excederá de 2 gramos por cada 100 gramos de aceite o materia grasa. Esta prohibición no alcanza a los ácidos grasos trans que se encuentran en estado natural en las materias grasas o en los productos de origen animal. El Gobierno, reglamentariamente, podrá reducir en el futuro la cuantía anteriormente establecida, atendiendo a la evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos en la materia.
Por último, cabe destacar que también se abordan temas de regulación de contenidos de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, sobre todo en aquellos casos en los que van dirigidos a la población infantil y juvenil.

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