La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Vigía de los hábitos saludables

Ana María Troncoso, directora ejecutiva, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), destaca en este artículo los principales puntos de la  Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ha sido aprobada el 16 de junio “con un amplio consenso de los grupos parlamentarios” y que pretende “reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria y promocionar hábitos de alimentación saludables”

En los más de 20 años transcurridos desde que los fundamentos de la organización y regulación de la sanidad alimentaria entraron en vigor, se han ido produciendo importantes cambios normativos y organizativos que han dado lugar a un nuevo concepto de la seguridad alimentaria tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, en línea con la necesidad de consolidar la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos alimenticios que consumen. Existe una gran demanda social para que estas cuestiones se regulen adecuadamente y en consonancia con los acelerados cambios técnicos, económicos y sociales que están teniendo lugar.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de junio, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de julio. Merece la pena resaltar el gran consenso que ha existido entre todos los grupos parlamentarios, que podríamos cifrar en más de un 80 %.
El objetivo principal de la norma es reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria y promocionar hábitos de alimentación saludables para prevenir enfermedades.
Esta Ley parte de la idea de que la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria de mujeres y hombres, requiere de un enfoque integral que contemple los riesgos asociados a la alimentación desde la granja a la mesa, y que considere todas las perspectivas posibles.
La nueva Ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos, y biológicos, desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución. Además, tiene en cuenta de forma muy particular la creciente importancia de los riesgos nutricionales, dada la preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad y principalmente de la obesidad infantil y juvenil. Y de la misma forma, tiene en consideración otras perspectivas de la seguridad alimentaria que inciden en los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, como son la existencia de riesgos sociales, de integración o de discriminación, y de género, que deben ser eliminados.
En línea con la legislación alimentaria europea, se reconoce la importancia de que todas las disposiciones y actuaciones en materia de seguridad alimentaria, así como en el campo de la nutrición, deberán estar fundamentadas en el conocimiento científico, a fin de evitar la arbitrariedad de los poderes públicos. Para ello, es necesario que se establezcan los mecanismos eficientes de coordinación y de colaboración entre todas las administraciones públicas con competencias en materia de investigación científica para que las decisiones que se adopten en materia de seguridad alimentaria se apoyen, siempre que sea posible, en el mejor y más actualizado conocimiento científico disponible. Se establecen cauces de apoyo y cooperación científico técnicas para llevar a cabo la evaluación del riesgo. Asimismo, se hace referencia a uno de los elementos que más afectan a la seguridad alimentaria, cual es la aparición de los riesgos emergentes.

 

Gestión de riesgos
La evaluación de riesgos constituye el primer eslabón de la cadena en el análisis de riesgos. Para ellos se elaboran dictámenes independientes y útiles, ya que son la base fundamental que ampara las decisiones de los gestores de riesgo. La independencia es importante para la credibilidad de la evaluación científica pero ha de ser gestionada de manera responsable para así asegurar que no desencadena en aislamiento e irrelevancia.
La ley define por primera vez un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria para el intercambio de datos entre profesionales, investigadores y administraciones.
Dado que las competencias en seguridad alimentaria se encuentran muy repartidas, tanto en el ámbito territorial como en la propia administración del Estado, se crea esta herramienta de gestión integral para recopilar, organizar y poner disponibles todos los datos. Como ejemplo de documentación que incluirá, puedo citar: informes de evaluación de riesgos, datos científicos, datos analíticos de control oficial de alimentos etc.
Otra de las utilidades del sistema será el poder realizar todo tipo de estadísticas o informes para uso tanto nacional como europeo. Es por ello que este Sistema de Información ha de constituir una base informativa de la máxima utilidad para facilitar los conocimientos más avanzados en la materia, así como referencia de las entidades e instituciones que disponen de éstos para dirigirse a ellas en demanda de los mismos.
Se establecen, asimismo, las bases de lo que ha de constituir la comunicación de los riesgos a la población cuando éstos se detectan, teniendo en cuenta para ello distintos principios que aseguren la objetividad de sus contenidos, la transparencia de la información facilitada y su fácil comprensión.
Se establece también la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que reforzará la vigilancia en todo lo relacionado con los alimentos.
Nunca hasta ahora se ha tenido tal conocimiento de la relación existente entre alimentación y salud, ni se han generado tantas situaciones de incertidumbre científica, ni se ha demandado por parte de la ciudadanía una intervención administrativa tan importante para garantizar la gestión de los riesgos.  Por ello, podemos hablar de una ley moderna, porque al concepto de seguridad alimentaria incorpora los hábitos de alimentación saludables, y oportuna, ya que establece los mecanismos de coordinación necesarios para lograr una efectiva aplicación tanto a nivel autonómico como en las relaciones con la Unión Europea, de tal forma que una herramienta tan importante para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), tendrá a partir de ahora respaldo legal al estar ahora amparada por esta nueva Ley.
En concreto, el texto establece la obligación de revisar la Estrategia NAOS, creada en 2005, cada cinco años para actualizar y avanzar en sus objetivos. Para ello, se prevé la creación del Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad en España.

 

Preocupa la obesidad infantil
Otro de los entornos en los que se actúa es en el ámbito escolar. Los hábitos alimentarios se establecen en los primeros años de la vida y resulta difícil modificarlos. Las tasas de obesidad infantil son muy elevadas, particularmente en los países mediterráneos. Este hecho se explica por hábitos de vida sedentarios y alimentación inadecuada.
La necesidad y oportunidad de modificar el entorno escolar se recoge en numerosos documentos de las OMS y de los grupos de trabajo de la Comisión Europea a través del Grupo de Alto Nivel en Nutrición. Es en el comedor donde un número elevado de niñas y niños realizan la principal comida del día, y es necesario garantizar que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales.
Es por ello que la ley promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos. Para ello, se incorporan medidas muy importantes como es el que a partir de ahora los responsables de la supervisión de los menús serán expertos profesionales acreditados en las áreas de nutrición y dietética, que además  velarán para que las comidas servidas sean variadas, equilibradas y adaptadas a cada grupo de edad. También los centros escolares proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre los menús, y directrices generales para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.
En caso que las instalaciones y condiciones lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de aquellos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias. Cuando dichas condiciones no lo permitan, se facilitará a los alumnos los medios adecuados para que puedan conservar y consumir el menú especial proporcionado por la familia. En cualquier caso será obligatorio que en el caso de los celíacos, sí deba existir menú alternativo.
El consumo reiterado de productos con elevado contenido en sal, azúcares y grasas saturadas favorece el sobrepeso y la obesidad que tan ampliamente extendido está en nuestra sociedad. Es por ello que se ha considerado que la venta de alimentos y bebidas en el ámbito escolar estará condicionada al cumplimiento en la composición de los productos, de una serie de requisitos relacionados con el contenido de grasas saturadas, sal y azúcar.
Se pretende pues reforzar el papel educador y sensibilizador de los centros educativos poniendo el acento en la prevención y la precaución como elementos esenciales y que desde un punto de vista pedagógico, no prohibicionista, incentive pautas de nutrición más saludables, existiendo una clara concordancia entre lo que se explica en el aula con lo que se ve en el recinto educativo.
Al mismo tiempo, podemos considerar que es una ley oportuna porque aunque existe un marco normativo básico a nivel europeo establecido por distintos reglamentos, es necesario dotar al Estado español de mecanismos de coordinación para lograr una efectiva aplicación de esos reglamentos en las diferentes Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia en el control oficial de los alimentos.

 

Publicidad responsable
También, se prevén actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos. Así, se propone el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante la firma de acuerdos de corregulación con los operadores económicos y los responsables de comunicación audiovisual. La experiencia ha demostrado que ambos instrumentos de corregulación y autorregulación aplicados de acuerdo con las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros pueden desempeñar un importante papel, otorgando un alto grado de protección a los consumidores.
La publicidad de los productos alimenticios influye en la elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios.
Dado que la publicidad puede aprovechar la falta de experiencia y credulidad de los menores de edad es necesario regular o establecer unos códigos éticos de conducta que promuevan una publicidad responsable. Con ello se pretende el establecimiento de códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población de menos de 15 años. De este modo, se busca elevar la edad del actual Código PAOS, promovido en 2005 por la AESAN y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la autorregulación en materia de publicidad, de los 12 años a los 14.
Otro tema relevante que se trata en la Ley es el destinado a establecer las grandes líneas que presiden las actividades de control de la Administración en el proceso de las importaciones y exportaciones de los productos alimenticios y los piensos. En un mundo presidido por la globalización y formando parte de una entidad supranacional como la Unión Europea, la actuación en frontera se presenta como uno de los elementos claves para garantizar la seguridad alimentaria como un todo.
Asimismo, pretende dejarse claro desde el primer momento que la ley se inscribe y habrá de aplicarse en un marco jurídico descentralizado y, por tanto, habrá de tenerse presente en todo caso que las actuaciones que en la ley se prevén habrán de abordarse y desarrollarse siempre sobre la base del respeto mutuo y la coordinación entre administraciones.
Igualmente, en este marco de convivencia de ordenamientos jurídicos, se ha tenido muy presente la existencia del ordenamiento jurídico comunitario y el principio de primacía del mismo respecto de los ordenamientos nacionales.
Otro de los aspectos tratados en sendos capítulos, es el régimen de infracciones y sanciones en las materias objeto de esta ley y el régimen de tasas. Por un lado se realiza la tipificación de las infracciones y se fijan las sanciones correspondientes. Asimismo, se crea un régimen de tasas, fijando los sujetos pasivos, la relación de hechos imponibles y las cuantías de las respectivas tasas.

Hay que mencionar que una ley siempre tiene que disponer o regular una serie de aspectos. Sin embargo, el gran esfuerzo de consenso que se ha seguido con la tramitación de esta ley hace que en general los contenidos de la misma estén mas orientados a coordinar, planificar y promover e incentivar hábitos saludables.

Ana María Troncoso, directora ejecutiva de Aesan

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