En opinión de los responsables de las citadas organizaciones, la próxima reforma fiscal, que está siendo analizada en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda, “debe servir para estimular la actividad empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza”. Según Horacio González Alemán, “las organizaciones presentes somos la espina dorsal del gran consumo en este país y escuchando nuestras propuestas, el Gobierno tiene una grandísima oportunidad de llevar a cabo una reforma que estimule la actividad empresarial o, de lo contrario, puede poner en peligro la recuperación económica”.
La reforma fiscal debería aliviar la carga fiscal de los hogares y empresas, para acelerar la recuperación del consumo y la inversión
Por su parte, José María Bonmatí, director general de Aecoc, ha incidido en la necesidad que crear “un marco fiscal más eficiente, justo y equitativo” y ha asegurado que “medidas como el aumento impositivo no hacen sino poner trabas a la salida de la crisis”. Idea que ha reforzado el director general de Fiab al señalar que “no hay margen, en ningún caso, para la subida de los impuestos”.
Efecto negativo de un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo
Para ilustrar estas afirmaciones, se ha presentado el Informe del Centro de Estudios Económicos Tomillo sobre el “Impacto económico de la subida del IVA”, que entre otras conclusiones señala que la eliminación de tipos superreducido y reducido de IVA “tiene un impacto negativo en la actividad de la industria, el comercio o la hostelería”, y que lejos de generar un aumento de la recaudación por IVA, la subida de tipos la reduciría, “al coartar la demanda”. Asimismo, tendría efectos negativos sobre otros ingresos públicos, como consecuencia de la destrucción de empleo que implicaría.
En concreto, el informe plantea dos posibles escenarios según la opción propuesta por Bruselas. En el primero, en el que los productos de IVA superreducido (4%) pasarían a gravarse al 10%, y los que lo hacen a este tipo pasarían a hacerlo al general (21%), las consecuencias, según ha explicado Bonmatí, serían de “una caída de la producción hasta el -6,3%” (entre 16.180 y 23.114 millones de euros; con una destrucción de más de 174.000 empleos y “se dejarían de ingresar entre 2.300 y 3.100 millones de euros por otros impuestos”. En un segundo escenario, en el que los productos que soportan un IVA reducido (10%) pasarían a gravarse al general (21%), manteniéndose el resto de tipos, la caída de la producción se estima entre 16.000 y 22.904 millones de euros; la destrucción de empleos ascendería a 155.000, y la reducción de ingresos por otros impuestos estaría entre -2183 y -3.000 millones de euros.
Las organizaciones consideran que el Gobierno tiene la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial
Los datos presentados afirman que la última subida del IVA, en 2012, ya produjo una caída media del consumo cercana al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses siguientes a la aplicación de la medida).
Al respecto, Ignacio García Magarzo, director general de Asedas ha señalado que “las sucesivas subidas del IVA que ya se han producido se han apropiado del esfuerzo de los distintos eslabones de la cadena alimentaria por contener precios”.
Por su parte, Aurelio del Pino, director general de Aces ha concretado que “la alternativa que proponemos es un modelo que ensanche las bases fiscales mediante la transparencia y la reducción del fraude fiscal”.
La propuesta de las nueve organizaciones al Gobierno se basan en “una reforma que analice la calidad del gasto público y ponga orden en la maraña de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas y locales. Y, por supuesto, un marco tributario que estimule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que pagan las empresas”.
Respecto a las nuevas partidas de cotización a la Seguridad Social propuestas por el Gobierno, las organizaciones han sido unánimes en su rechazo. Como ejemplo de los beneficios que conllevaría una reducción de las cotizaciones, el director general de FIAB ha explicado que “el descenso en tres puntos a la cotización de la Seguridad Social supondría para una pequeña empresa un ahorro de 70.000 euros anuales, cifra que sería de 380.000 euros en el caso de una empresa grande”.
