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La ley de la cadena alimentaria exigirá mayor contraste a los análisis sobre alimentos

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El Grupo Popular en el Congreso ha incluido una nueva disposición adicional sobre análisis comparativos de productos alimentarios en el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La enmienda, introducida antes del paso del proyecto de ley al Senado, está encaminada a proteger al sector alimentario de la divulgación de informes no suficientemente contrastados, que puedan causar daños a la imagen del sector.

El objetivo es, según la justificación de la disposición, “extender los principios que rigen las actuaciones del control oficial a los estudios, informes o análisis destinados a su difusión pública. Principios éstos que se resumen en la veracidad, el rigor técnico y analítico y la necesaria contradicción para garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la mejora de la información sobre los alimentos y su calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena; así como a la leal competencia que ha de regir las actuaciones de todos los que intervienen en la misma”.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores han interpretado esta enmienda como una cortapisa a la información que se ofrece al consumidor. Así, la OCU no ha dudado en calificarla como “Ley Mordaza”  y denuncia que “el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. El Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos  en España”. Por su parte, Facua advierte que “con la enmienda del PP, se prohibiría la difusión de estudios y análisis comparativos de productos alimenticios si no cumplen unos requisitos que resultan totalmente desproporcionados, aunque hayan sido elaborados con total rigurosidad”.

Entre otros puntos, la nueva disposición exigirá que “todas las pruebas o análisis en que se basen los estudios, informes y análisis deberán ser realizadas por un laboratorio que posea una acreditación equivalente a la exigida a los laboratorios autorizados para intervenir en el control oficial de alimentos”. Los resultados habrán de ser comunicados al fabricante o responsable del producto, quien podrá realizar un análisis contradictorio. “En caso de discrepancia entre los resultados de ambos análisis, se realizará un tercer análisis, que será dirimente. El procedimiento en ambos casos se desarrollará reglamentariamente”.

 

Más información en la edición impresa de Tecnifood núm. 88 (julio/agosto 2013)

 

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