Vanguardia Tecnológica

Ver novedades

Las nuevas implicaciones de la Ley de Responsabilidad Ambiental

Léalo en 10 - 13 minutos
Léalo en 10 - 13 minutos

La Ley de Responsabilidad Ambiental  (Ley 26/2207 de 23 de octubre), y el Reglamento que la desarrolla, establecen un nuevo régimen jurídico de reparación de daños ambientales, por el que las industrias que ocasionen daños al medio son las responsables de devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban con anterioridad, independientemente de que haya existido o no voluntariedad o infracción administrativa por parte de la compañía. Además, las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir que se produzcan los riesgos medioambientales

De haber estado vigente esta nueva ley en el momento de producirse el daño, los 75 millones de euros invertidos a raíz  del incidente de Aznalcóllar, o los 155 millones destinados a la recuperación de las aguas del embalse de Flix, habrían sido desembolsados por las empresas titulares de las instalaciones causantes. El Ministerio de Medio Ambiente destinó, entre el año 2000 y el 2007, 183 millones de euros a la reparación de daños ambientales, de los que 113 se emplearon en la reparación de suelos contaminados.
Ante la entrada en vigor de una disposición legislativa del alcance de la Ley de Responsabilidad Ambiental, se abre para las industrias toda una serie de incertidumbres sobre cuál será el grado en que les afectará. En este caso, en el que las implicaciones relativas al coste de adaptación son directas (coste de la constitución de una garantía financiera a través de seguro, aval o depósito) para un número importante de ellas, y en un entorno de crisis como el actual, estas incertidumbres deben ser despejadas tan pronto como sea posible. En el presente artículo trataremos de resolver gran parte de estos interrogantes.
Aunque la complejidad de la puesta en marcha de los mecanismos previstos por la ley no nos permite, hoy por hoy, conocer en todos los casos el coste de adaptación, es importante para las industrias tomar posición y poner en marcha estrategias empresariales o subsectoriales que lleven a minimizar, de un lado, los costes para la empresa o el subsector de manera que no se produzca una pérdida de competitividad, y de otro, el grado de incertidumbre acerca del coste final de adaptación.

Alcance y otras obligaciones derivadas de la Ley
La ley se aplica a todo el conjunto de actividades industriales. En esencia, obliga a correr con los costes de reparación de los posibles daños ambientales que se pudieran producir. En caso de que la reparación fuese imposible, la empresa tendría que realizar actuaciones en otros puntos que compensaran de forma global el daño producido.
Hecha esta salvedad, es importante tener en cuenta que la Ley no afecta a todas las instalaciones de la misma manera. Son exclusivamente las instalaciones que cumplen alguno de los criterios del anexo III de esta ley las que están en principio obligadas a constituir garantías financieras (póliza de seguro, aval o depósito) con las que hacer frente a las responsabilidades medioambientales en las que puedan incurrir en el desarrollo de sus actividades. El montante de las garantías financieras se fijará en base a un análisis de los riesgos medioambientales de cada instalación a través de un “Informe de Riesgos Ambientales” (realizado según Norma UNE 150008).
Aunque es todavía aventurado saber cuál va a ser el corte de la constitución de las garantías financieras, el Ministerio de Medio Ambiente estima que en total puede representar alrededor de 100 millones de euros anuales.
Se verá afectada a este respecto cualquier instalación industrial que cumpla al menos uno de estos requisitos:
1)    Está sujeta a AAI (Autorización Ambiental Integrada).
2)    Realiza vertido a cauce público, inyección en el terreno o al mar (sujeto a autorización administrativa).
3)    Tenga captación de aguas superficiales o subterráneas (sujeta a autorización administrativa).
4)    Manipule o almacene sustancias peligrosas.
A falta de que la Administración genere criterios de aplicación del punto cuatro, las empresas que cumplen al menos uno de los tres primeros son, sin duda, un número muy elevado.
La Ley entró en vigor el 25 de Octubre de 2007. Aunque sus efectos se retrotraen al 30 de Abril del 2007, excepto lo dispuesto en el capítulo IV (Garantías financieras) y capítulo V (Infracciones y Sanciones).
Se establece la obligatoriedad de la garantía financiera (capítulo IV) a partir del 30 de Abril del 2010. A partir de esta fecha se irá exigiendo de forma paulatina el cumplimiento de este requisito según un calendario que establecerá el Ministerio.
El incumplimiento de esta obligación puede constituir infracción muy grave, cuya sanción económica puede alcanzar los dos millones de euros y puede significar también la extinción de autorización para ejercer la actividad entre 1 y 2 años.

Otras obligaciones derivadas de la Ley
Todas las empresas mencionadas en el apartado anterior se verán en la obligación de realizar su “Informe de Riesgos Ambientales” y en función del resultado del mismo nos vamos a encontrar con los siguientes casos:
1. Que la cuantificación del daño sea inferior a 300.000 euros. En ese caso, no será necesario establecer la garantía financiera.
2. Que esté entre 300.000 euros y 2.000.000 euros. En cuyo caso pueden darse dos situaciones: si la industria cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado (ISO 14.000 o Emas), no será necesario el establecimiento de la garantía financiera. Si no cuenta con un sistema de gestión de estas características, deberá establecerla. Nos encontramos, pues, ante una situación en la que puede constituir una ventaja económica y administrativa contar con un sistema de gestión certificado. La Ley recoge así una reiterada demanda de las empresas certificadas, que el hecho de serlo suponga alguna ventaja legal, administrativa o impositiva.
3. Por último, si el daño se cuantifica por encima de 2.000.000 de euros, el establecimiento de la garantía es obligatorio con independencia de otras condiciones.
Para facilitar la compresión de este entramado de alternativas, hemos sintetizado lo explicado en el esquema de arriba.

¿Qué es y para qué sirve un Mirat?
Para facilitar el cumplimiento de la Ley y en especial el desarrollo de los “Informes de Riesgos Ambientales”, el Ministerio de Medioambiente ha previsto que voluntariamente los diferentes subsectores puedan desarrollar un Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (Mirat). De esta manera, las empresas pueden realizar estos análisis tomando como base el Mirat de su subsector de actividad industrial. En este sentido, algunas asociaciones de diferentes sectores ya han iniciado los trabajos encaminados a desarrollar su propio Mirat específico.
Las ventajas que puede representar para una empresa contar con Mirat sectorial son:
1) El desarrollo del informe para cada instalación puede tener un coste significativamente más reducido (pensamos que, como mínimo, y en función de las características del Mirat se pueden conseguir ahorros del orden del 30% en la evaluación particular de cada instalación) ya que hay partes comunes desarrolladas en el Mirat. El desarrollo del informe se convertiría en realidad en la particularización a esa instalación del Mirat.
2) Como los Mirat deben de ser aprobados por el Ministerio, los informes realizados siguiendo un Mirat, parece lógico pensar, que contarán en general con más garantías de ser aceptados por la administración competente.
3) El Mirat homogeneiza los criterios sectoriales.
Para sectores muy homogéneos y de gran simplicidad (con peligros y posibles daños bien identificados), podrá emplearse una tabla de baremo, a través de la cual se podrá calcular el importe a cubrir de la garantía financiera, introduciendo en las tablas información básica de la industria.
En cualquier caso, por razones de agenda, es éste un buen momento para posicionarse al respecto por parte de las diferentes asociaciones sectoriales. En esencia, decidir si se debe desarrollar un Mirat sectorial o es mejor que cada empresa resuelva la realización de sus evaluaciones de forma separada.

Conclusiones
El nuevo marco jurídico establecido a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Ambiental puede tener para las actividades industriales dos grandes consecuencias. De un lado la obligatoriedad de reponer el medio afectado en caso de accidente ambiental a su situación inicial, y de otro, en función de las características de la instalación, establecer una garantía financiera suficiente para asegurar que dicha reposición puede ser llevada a cabo.
Fijados los criterios que definen qué empresas van a tener la obligatoriedad de establecer la mencionada garantía (de forma paulatina a partir de abril de 2010), el número de industrias potencialmente afectadas es elevado y los costes de adaptación pueden resultar importantes, en especial en la actual coyuntura económica.
Estos costes son, de un lado la realización de un “Informe de Evaluación de Riesgos Ambientales”, y de otro el propio establecimiento de la garantía (que consistirá en la contratación de un seguro, muy  probablemente en la mayoría de casos).
Como ya hemos expresado con anterioridad, aunque no resulta imprescindible para cumplir con los requisitos derivados de esta ley, las ventajas para las empresas de contar con un Mirat para su subsector son claras, pero en cualquier caso, son más o menos importantes en función de diferentes factores, (homogeneidad del subsector o número de instalaciones afectadas, entre otros). Los diferentes sectores industriales deben tomar una posición al respecto y decidir si realizan actuaciones sectoriales, como el desarrollo de un Mirat, que puedan facilitar a las empresas el cumplimiento de los requisitos que van a ser efectivos, de forma paulatina a partir de abril de 2010.

 

Roberto Ortuño y Alfredo Rodrigo, director de Asistencia Tecnológica y técnico del departamento de Calidad y Medioambiente de Ainia, respectivamente.

 

Publicado en el número 67 de la revista Tecnifood.

Mostrar comentarios (No hay comentarios)

Deja un comentario

Noticias relacionadas