El Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, establece en su artículo 109 que la base de cotización “estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie”. Esto significa que, desde el 22 de diciembre, tanto empresas como autónomos y trabajadores han de cotizar por conceptos excluidos hasta el momento (o que solo cotizaban por exceso), como pueden ser: los cheques comida o gasto en comedores de empresa; los pluses de transporte; las contribuciones por planes de pensiones y sistemas alternativos; las primas de contrato de seguro de accidente de trabajo, responsabilidad civil del trabajador o seguro de enfermedad; la entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa, y la utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado (caso de los tickets guardería o guarderías de la propia empresa para hijos de empleados).
Asimismo establece una serie de incrementos en las cotizaciones de los autónomos, como es una subida de un 2% de la base mínima de cotización para los autónomos. “Es decir, se pasa de los 858,60 euros de base mínima a los 875,70 euros. Esto significa que la cuota mínima mensual de 256,72 euros sube a 261,83 euros”, explican desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). De igual modo, Sube un 5% la base máxima de cotización, también para los autónomos, por lo que se eleva de 3.425,70 euros a los 3.597,00 euros. Para los autónomos societarios y los autónomos con más de 10 trabajadores, la base mínima de cotización se eleva hasta los 1.051,50 euros, por lo que la cotización mínima mensual sube desde los 256,72 euros a 313,34 euros, lo que Cepyme destaca como “un dramático incremento del 22%”.
La industria alimentaria expresa su malestar
Sweet Press ha consultado a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) sobre su postura ante esta iniciativa, respecto a la cual ha confirmado sumarse a la CEOE en su petición al Gobierno de la reconducción del Real Decreto Ley 16/2013 “por las consecuencias negativas que un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social tendrá sobre la industria y el conjunto de la economía española”. Y considera que “con una medida de este tipo se disminuye la competitividad de las empresas, se ralentiza la creación de empleo y se dificulta la recuperación económica”.
FIAB entiende que la adopción de una medida de estas características debería contar con la consulta y el consenso previo de los agentes sociales, tanto de los empresarios como de los trabajadores
En palabras de Horacio González Alemán, director general de FIAB, “el conjunto de la industria se muestra seriamente preocupada por este tipo de medidas como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, a las que se suman otras recientes como el proyecto de ley de mutuas o la tasa a los gases fluorados, puesto que impactan muy negativamente en el colectivo industrial. No entendemos cómo el Gobierno pone trabas a la generación de empleo y la recuperación económica del país, cuando debería dar continuidad a las reformas estructurales de nuestra economía que permitan revertir definitivamente la situación e impulsar la confianza del consumidor”.
Empresas grandes y pequeñas, unánimes contra la medida
Una vez analizadas las consecuencias económicas y jurídicas del Real Decreto Ley 16/2013, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) han acordado, de forma unánime, pedir al Gobierno la retirada del mismo y la constitución de una comisión con los agentes sociales “para analizar detalladamente el impacto económico y social y las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son”. En opinión de CEOE, esta iniciativa “debería haber estado precedida de la preceptiva consulta como es habitual en este ámbito, y no de forma precipitada como ha sucedido en este caso, especialmente cuando el coste puede representar, como mínimo, un punto de cotización de Seguridad Social”. Asimismo, en su comunicado recuerda que “el incremento continuo que se está produciendo en las cotizaciones sociales con estas medidas y con el incremento del 5% de las bases máximas minan la competitividad de las empresas y la creación de empleo y ponen en riesgo la incipiente recuperación”.
CEOE y Cepyme piden al Gobierno la retirada del Decreto y la creación de una comisión que analice el impacto de “integrar en el salario conceptos que no lo son”
En la misma línea, los órganos de gobierno de Cepyme han acordado pedir la retirada del Real Decreto, con lo que ratifican la petición formulada en estos mismos términos por su presidente Jesús Terciado, a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta fechada el 10 de enero. La Confederación considera que la aplicación del Real Decreto Ley 16/2013 “tendría un impacto muy negativo en las pequeñas y medianas empresas, tanto en la situación de tesorería de las mismas, como en términos de competitividad. Y sería muy negativo, en este sentido, para el cumplimiento de las actuales expectativas de recuperación de la actividad empresarial y de generación de empleo”.
De igual modo, desde la Federación Española de Hostelería (FEHR) valoran que el Real Decreto “supone de facto un incremento de la presión fiscal aplicable a las empresas sin precedentes y contraproducente en el actual momento en el que sólo tímidamente se puede atisbar algún elemento de mejoría, o de no continuidad del empeoramiento económico”. Esta organización estima que “los pluses y complementos de manutención así como otros incluidos en los convenios pueden suponer hasta un 10-12% de incremento de las bases de cotización en muchas empresas”. Todo ello ha movido a FEHR a enviar cartas a los ministros de Trabajo y Hacienda, así como al secretario de Estado de Seguridad Social, para poner en su conocimiento el daño que este Decreto supondría en el sector. Asimismo, ha solicitado la tramitación parlamentaria de este Decreto Ley con el fin poder establecer un periodo de reflexión y debate en las Cámaras.
Los sindicatos consideran que interferirá en la negociación colectiva
También los representantes de los trabajadores se han hecho eco del desacuerdo con esta medida. Así, UGT ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social rechazando la modificación, unilateral, del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, al considerar que tiene “importantes efectos en materia salarial y de negociación colectiva, dado que los conceptos que ahora se incluyen como computables en la base de cotización, entran dentro del concepto de percepciones no salariales o extra salariales, objeto habitual de la negociación colectiva. La cual, puede quedar anulada en esta concreta materia, por cuanto la nueva regulación pueda suponer un desincentivo para el empresario a la hora de negociar estas percepciones”.
UGT teme que el Decreto pueda suponer un “desincentivo para el empresario a la hora de negociar estas percepciones”
Para Comisiones Obreras “esta es la primera vez que el Gobierno asume de forma tácita los planteamientos que desde CCOO hemos venido haciendo sobre la necesidad urgente de mejorar los ingresos del sistema”, según declara el secretario de Protección social y Políticas públicas de CCOO, Carlos Bravo, aunque “la medida aprobada por el Gobierno se aleja de las propuestas realizadas por CCOO”. El sindicato critica que “esta modificación ha sido adoptada de manera unilateral por el Gobierno sin haber sido anunciada previamente a los agentes sociales y, por lo tanto, sin que se haya producido sobre su contenido ningún proceso de diálogo”. Además, en su opinión, la medida “resulta ciertamente limitada en cuanto a su efecto recaudatorio”, ya que se estima “que supondrá unos 900 millones de euros adicionales al año, frente a los más de 10.000 millones anuales que se obtendrían con las propuestas de CCOO”.
El Gobierno mantiene su postura
En su comparecencia del 16 de enero en el Congreso de los Diputados, para informar sobre las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 16/2013, la ministra de Empleo y Seguridad, Fátima Báñez, ha argumentado que la modificación de la Ley General de la Seguridad Social tiene como finalidad “una mayor transparencia de la regulación de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena y la relativa a las retribuciones variables”. Según sus declaraciones, “el objetivo de esta modificación es que cada trabajador cotice por el salario real que percibe”.
La ministra Fátima Báñez defiende que la incorporación de las nuevas retribuciones protege a los trabajadores y asegura la “equidad y contributividad” del sistema de Seguridad Social
La posición ministerial es que “la exclusión de cotización de determinados cómputos retribuivos variables perjudica a los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social por bases más bajas, y que por tanto generan prestaciones inferiores a las que les corresponderían por su salario real”. Con esta visión, Báñez defiende la incorporación de estas retribuciones considerando que “fortalece el sistema de Seguridad Social, asegura su equidad y contributividad, y protege a los trabajadores porque aumenta sus bases de cotización y por tanto, sus derechos presentes y futuros”. Además, ha recordado que “esta medida ha estado siempre presente en el Pacto de Toledo”.
En su intervención, la ministra ha aludido a la concesión de 116.383 aplazamientos de cuotas por valor de 2.200 millones de euros en 2013, para recordar que desde la Seguridad Social se actúa “mes tras mes, para que el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema no suponga un sacrificio inasumible por las empresas”.
