El sector agroalimentario, formado por las organizaciones que representan tanto a la cadena alimentaria –sector primario, industria transformadora y la distribución– como a la restauración, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el impuesto aprobado por el Gobierno de Cataluña que grava las bebidas azucaradas envasadas (IBAE) con entre ocho y doce céntimos el litro dependiendo de la cantidad de azúcar que contenga el producto. “Dichos sectores contribuyen en más del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total del país, lo que supone unos 4.300 millones de empleos”, han aclarado desde las asociaciones del sector agrario (Asaja, COAG y UPA), Cooperativa Agroalimentaria, Aecoc, el sector de la industria (FIAB y Promarca), el de la distribución (Anged, Asedas, ACES) y de la restauración (Marcas de Restauración), firmantes de la iniciativa.
Dicho conjunto de agrupaciones solicitó el pasado mes de junio al Gobierno nacional que presentase un recurso de inconstitucionalidad del impuesto basándose en un informe técnico elaborado por el bufete Uría Menéndez, donde se argumenta que el reglamento catalán “vulnera principios tan relevantes como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, entre otros, además de generar a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas”. Sin embargo, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, afirmó que el Ejecutivo nacional no presentaría dicho recurso, por lo que el sector convocó una reunión urgente para estudiar la respuesta del sector contra el gravamen.
“El sector agroalimentario tiene argumentos claros para recurrir en lo contencioso administrativo el Reglamento del impuesto”, afirman, añadiendo que “este impuesto incumple el Derecho de la Unión Europea por lo que también se está valorando presentar una queja a la Comisión Europea. Consecuentemente, los sectores de la producción agraria, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y la restauración continúan con todas las acciones legales a su alcance contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas, para frenar una norma, de carácter fundamentalmente recaudatorio, y que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país”.
Medida “meramente recaudatoria”
La decisión de la actuación conjunta por parte de todo el sector agroalimentario fue anunciada el pasado 22 de junio por el director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes de España (Anfabra), Josep Puxeu, quien afirmó que la agrupación “agotará todas las vías administrativas posibles”. “Entendemos que es un impuesto meramente recaudatorio y que además tiene un elemento de confusión y de dificultad de aplicación muy grande”, aclaró Puxeu, alegando que la medida “ya la notan los consumidores, ya que es de impacto directo y no lo aplicamos nosotros como fabricantes”, tal y como recogió Dulces Noticias… y algo más y Tecnifood.
“Entendemos que esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer para intentar mejorar hábitos de vida saludables e incluso la recaudación. Demonizar un ingrediente de un sector determinado no es la solución”, criticó el director general de Anfabra. Esta es la línea que mantiene todo el sector, que en comunicado conjunto ha afirmado: “las empresas agroalimentarias continúan con su trabajo y esfuerzo por poner al alcance del consumidor alimentos que les permite mantener una dieta sana y equilibrada, apostando fuertemente por la innovación y dando respuesta a la demanda e intereses del consumidor”.
