Cedro propone un Pacto de Estado para la protección del valor de libros, revistas y periódicos

El Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) ha llevado a cabo su Tercer Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita, iniciativa cuyo objetivo es analizar la situación de los derechos de autor en el sector editorial español. Carme Riera, presidenta de Cedro; Jorge Corrales, director general de la Entidad; y Héctor Jiménez, director de Qbo, consultora encargada de su realización, fueron los encargados de presentar el estudio el 30 de octubre en Madrid.

Una de las conclusiones que se extrae del Observatorio es que la ciudadanía considera a las empresas tecnológicas como principales responsables de la devaluación creativa y editorial, al estar contribuyendo a democratizar el uso no autorizado de contenidos protegidos. Así, el 45,7% de las personas consultadas percibe que los intereses de la tecnología y la cultura son contrapuestos y el 63% considera que las empresas tecnológicas deberían contar con el permiso del autor o editor antes de utilizar contenidos, por ejemplo, para entrenar inteligencia artificial. Además, el 72,7% opina que el sector público prioriza los intereses tecnológicos sobre los del sector cultural. De hecho, cita el análisis, “las personas encuestadas creen que las Administraciones han cedido poder a las tecnológicas y legislan sin criterio, con descontrol y concesiones, una opinión compartida por tres de cada cuatro personas”.

En el evento, Riera moderó un diálogo sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo de la creación, en el que participaron Jesús Badenes (Grupo Planeta) y las escritoras Najat El Hachmi y Carmen Posadas. La jornada fue clausurada por Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura.

En este sentido, la ciudadanía parece mostrar preocupación ante la llegada de la inteligencia artificial: el 51,4% de la población cree que representa un riesgo alto para la sociedad, especialmente por la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico.

El 73% de los usuarios utiliza contenidos preexistentes en sus prompts, lo que implica que gran parte de los materiales empleados para entrenar IA tienen derechos de autor. El 89,7% cree que el Estado debe regular la IA, especialmente en el ámbito cultural, y un 64,3% considera que esa regulación es esencial para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas. El 89% vincula el progreso sostenible a la adecuada protección de autores y editores.

Como apuntó Corrales, estos datos ponen de manifiesto que “la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia”.

El informe revela que el 83,7% de los encuestados afirma que respetar los derechos de propiedad intelectual constituye una buena práctica social, y es que, las personas consultadas valoran las obras editoriales como “un bien colectivo que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo social”. Es por eso que Riera pidió la implicación de las instituciones, reivindicando que la protección de la cultura escrita “debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible”.

Los ciudadanos también piden una respuesta institucional coordinada. El 52% de las personas consultadas considera que la defensa de los derechos de autor debe involucrar a las áreas de Cultura, Transformación Digital, Industria y Justicia, y no depender únicamente del ámbito cultural. Por eso, afirmó Riera, “Cedro propone un Pacto de Estado para la protección del valor de libros, revistas, periódicos y partituras, que involucre a todos los sectores políticos, jurídicos, económicos y tecnológicos de los gobiernos”.

El papel de las instituciones comienza por la ejemplaridad: un 95,8% de encuestados manifiesta que el cumplimiento de los derechos de autor por parte de las Administraciones es igual o más importante que el de las empresas tecnológicas. Asimismo, un 88% reclama conectar las políticas públicas con las expectativas sociales en esta materia.

El estudio también revela un importante déficit de información sobre los derechos de autor, con un 67,6% de participantes en el estudio que considera que falta información en esta materia, mientras que un 88,7% demanda con urgencia explicar mejor tanto los factores positivos asociados a la protección de la propiedad intelectual como los efectos negativos que la tecnología puede provocar sobre la creación cultural.

Entre esas prácticas que siguen siendo motivo de preocupación destacan el plagio de contenidos o la reutilización de contenidos editoriales sin autorización ni remuneración, como las copias en instituciones, la distribución del clipping de prensa o el uso de obras para entrenar inteligencia artificial.

Para favorecer la sostenibilidad de la cultura escrita, el Observatorio busca impulsar una legislación clara que elimine las ambigüedades sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales, garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución, fomentar la educación y formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración pública, y desarrollar campañas de sensibilización que destaquen el valor de los contenidos, promuevan el respeto a los autores y alerten sobre las consecuencias de la piratería.

“La cultura escrita requiere tiempo, esfuerzo intelectual y un compromiso ético que deben ser reconocidos legal, social y económicamente“, dijo Riera. “Si no hay sostenibilidad de la cultura escrita, la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro”, agregó.