El sector agroalimentario solicita al Gobierno recurso de inconstitucionalidad para la tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña

Las organizaciones representantes de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, (sector primario, industria transformadora y distribución) han convocado esta mañana a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Tecnifood, para dar a conocer que han remitido al Presidente del Gobierno un informe jurídico en referencia al impuesto autonómico sobre las bebidas azucaradas aprobado en Cataluña (IBAE) el pasado 30 de mayo, cuya intención es solicitar al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este gravamen, por el que el Gobierno catalán estimaba que se recaudarían en torno a los 40 millones de euros.

Las organizaciones firmantes, Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, ACES, FEHR y Marcas de Restauración, representan en su conjunto más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, casi el 30% del empleo total del país.

En su exposición de motivos para la presentación de esta petición al Gobierno, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha señalado que “el primero y fundamental es que nos parece un impuesto inconstitucional porque vulnera la libre circulación de mercancías, la unidad de mercado, el principio de igualdad y no discriminación, según el informe técnico de Uría y Menéndez que hemos trasladado al Gobierno”. En segundo lugar, ha argumentado que “tiene un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida discriminatoria, con falta de evidencias científicas y con mero afán recaudatorio. No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra”. Al respecto ha añadido que “ningún alimento es bueno o malo por sí mismo, sino que sus posibles efectos perjudiciales parten de un consumo inapropiado, como ha quedado ratificado en numerosos estudios científicos”.

En representación de las diferentes asociaciones agrarias firmantes (Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias) ha tomado la palabra el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien ha afirmado que, “por parte del sector productor no podemos estar de acuerdo en este impuesto, máxime cuando el segmento remolachero español se enfrenta en breve a la desaparición de las cuotas de producción y esta medida podría suponer un desincentivo a la producción de remolacha en España”. Pero lo que ha subrayado como más preocupante es que este impuesto suponga un precedente para futuros gravámenes sobre otros productos alimentarios. En su opinión, “la vía impositiva no es el mejor sistema de trabajo, por tanto nos sumamos al rechazo a este impuesto, que consideramos una auténtica barbaridad”.

Como representante de las agrupaciones de la distribución (Anged, Asedas y ACES), ha intervenido el presidente de ACES, Aurelio del Pino, señalando que “este impuesto no es solo un problema de la cadena alimentaria, es un problema del Estado, porque está introduciendo un precedente distorsionador del funcionamiento normal de la unidad de mercado, con algunos motivos muy claros de recurso de inconstitucionalidad, puesto que vulnera el régimen jurídico del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. Según sus palabras, “además, de los rasgos de inconstitucionalidad que se reflejan en el informe que nos ha remitido Uría y Menéndez, se están produciendo supuestos de ruptura del mercado y estamos asistiendo a ejemplos de cómo el consumidor puede alterar su decisión de compra en función de la existencia o no del impuesto”. Estas declaraciones surgen al hilo de las conclusiones del citado estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, según el cual “esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución”.

Asimismo, el informe señala que el IBAE “presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición”, al tiempo que advierte de que este tributo “afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad”.