Doce organizaciones piden retrasar el nuevo impuesto al plástico

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, así como las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, FIAB, Adelma, Stanpay EsPlásticos, ante la psoible entrada en vigor, el 1 de enero de 2023, del nuevo impuesto que afecta a envases de plástico, tal como plantea la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, han publicado un manifiesto donde exponen que, dada la situación por la que está atravesando la economía, “no es el momento” de aplicarlo. Además, creen que es necesario retrasar, “al menos un año”, la aplicación del mismo.

El aumento de los precios de las materias primas, del gas y de la electricidad -y la inflación asociada- está causando un gran impacto en los costes. Las empresas están replanteando sus estrategias de producción y comercialización para mitigar los efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país.

Además, han asegurado que algunos países de la Unión Europea han planteado u optado por implantar medidas fiscales de regulación en la legislación de economía circular, pero siendo “conscientes de la delicada situación económica”. Italia, por ejemplo, ha ido posponiendo la entrada en vigor en varias ocasiones.

Muchas dudas en una coyuntura económica compleja

En el comunicado publicado, las organizaciones agrarias y las asociaciones empresariales opinan que la implementación de este impuesto es “sumamente complejo”, por lo que necesita que se detallen, entre otras cosas, todos los procedimientos y trámites burocráticos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas y las obligaciones de cada uno de los afectados. Añaden que “a día de hoy, siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación”.

Por lo que solicitan que de “un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas” planteadas, para que no repercuta “negativamente en la maltrecha situación de las empresas y los ciudadanos”. Además, han querido dejar claro que todas las organizaciones que firman el manifiesto están “comprometidas con el medioambiente”.

La ley de la cadena alimentaria, también a debate

Una de las organizaciones firmantes de este manifiesto, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas,  también ha analizado estos días aplicación práctica de la ley de la cadena alimentaria en un desayuno informativo en el que ha contado con Gema Hernández Maroñas, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de con representantes de sus empresas asociadas. 

El encuentro ha servido para que el sector planteará sus dudas sobre los artículos 9 y 12 de la Ley, relativos al coste efectivo del productor y la exigencia de que este coste lo tenga que justificar el comprador, cuando debería hacerlo el vendedor, en opinión de los participantes. “Esta medida plantea incertidumbre y es de difícil aplicación práctica”, indican desde FIAB, que en conjunto valora positivamente la ley. Además, durante la sesión se plantearon cuestiones relacionadas con promociones, ámbito de aplicación o referencias de la ley a la nueva definición de producto.