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Una Ley de Consumo Sostenible para frenar el greenwashing
Acabar con el
greenwashing o la gran cantidad de etiquetas y reclamos medioambientales que no son reales en productos de todo tipo y fomentar la
reparabilidad son los objetivos de la nueva
Ley de Consumo Sostenible que prepara el Gobierno y que previsiblemente pasará a audiencia pública antes de que termine 2024. La norma busca garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones de compra en base a
información verificable, así como una competencia más justa entre las empresas
13 de noviembre de 2024, 15:00
Más de la mitad de las afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad de los productos o servicios que se prestan a los consumidores son engañosas o no están debidamente justificadas, según la Comisión Europea. El greenwashing, ecoblanqueo o ecopostureo se extiende a todos los sectores.
Combatirlo y garantizar la transparencia, veracidad y claridad de la información que llega a los consumidores es el principal objetivo de la nueva Ley de Consumo Sostenible que está preparando el Gobierno. Así lo describe el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023:
Los reclamos medioambientales engañosos o no justificados serán castigados como cualquier publicidad desleal
“Asegurar que las personas consumidoras puedan tomar decisiones mejor informadas, estimulando la demanda y la oferta de bienes más sostenibles, garantizar que no serán inducidas a error sobre las características medioambientales o sociales o los aspectos de circularidad de un producto y propiciar el aumento de la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos”.
El pasado 30 de marzo finalizó la consulta pública sobre la norma que comenzaba entonces su tramitación. Y previsiblemente el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Consumo Sostenible pasará a audiencia pública antes de que finalice este año. Durante este proceso, todos aquellos ciudadanos que puedan verse afectados o tengan algún interés en la nueva regulación que está preparando el Gobierno podrán opinar sobre el contenido previo que se propone.
La nueva regulación prohibirá cualquier mensaje de contenido medioambiental genérico (eco, verde, sostenible, bio...) que no esté respaldado con datos verificables, no solo para evitar la confusión entre los consumidores, también para impulsar una competencia real y responsable entre las empresas.
A falta de conocer cómo se concretará este aspecto, el Gobierno si ha anunciado que los reclamos medioambientales engañosos o no justificados serán considerados como una práctica comercial desleal y castigados como cualquier publicidad desleal de acuerdo a la norma que lo regula.
Impulsar la reparabilidad
Otra de las novedades que introducirá la norma busca desterrar el concepto de ‘usar y tirar’ y prevé promover, por el contrario, la reparabilidad de los productos cuando se deterioren.
La nueva ley está en línea con tres nuevas Directivas europeas que regulan tanto la información veraz como la reparabilidad
“Se trata de que los productos de consumo que se vuelvan defectuosos no sean desechados prematuramente y puedan repararse y utilizarse durante más tiempo, reduciendo así los residuos y evitando la generación de emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se reduce la demanda de recursos valiosos para la producción de nuevos bienes”.
La nueva ley está en línea con la nueva regulación que también se promueve desde la Unión Europea para frenar el greenwashing y defender el derecho de los consumidores a la reparación de los productos siempre que sea posible. Desde el Ministerio recuerdan que son tres directivas comunitarias la que ponen el foco en estos objetivos:
La Directiva Comunitaria (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, enfocada al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información.
Y dos aún en tramitación: la Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (Directiva sobre alegaciones ecológicas). Y la Directiva por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes, también pendiente de aprobación.
