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Las empresas piden más claridad para liquidar el impuesto al plástico
Una nueva encuesta realizada por Ayming entre 150 empresas afectadas por el impuesto al plástico revela las dificultades que siguen teniendo para liquidarlo y para obtener la información aclaratoria que requieren, además de los sobrecostes que les ha ocasionado en su gestión. Para la mayoría aún no es factible sustituir el plástico por otro material
La consultora Ayming, especializada en estrategia y financiación de la innovación de empresas e instituciones, ha publicado una nueva encuesta, realizada entre 150 compañías de distintos sectores y volumen de facturación, sobre el impacto del impuesto al plástico no reutilizable (IPNR) entre las empresas afectadas por este nuevo tributo incluido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y en vigor desde enero de 2023.
La mayoría de los empresarios consultados por Ayming piden una reforma legislativa aclaratoria
Según el estudio, realizado en colaboración con el Centro Español de Plásticos para valorar el impacto del tributo en su primer año, la gran mayoría de las empresas, un 92%, necesitan todavía ayuda externa para comprender el funcionamiento del nuevo impuesto. Unas cifras similares a las que arrojaba el estudio que publicaron el pasado verano sobre la misma cuestión.En este sentido, la mayoría de los empresarios consultados por Ayming piden una reforma legislativa aclaratoria sobre los plásticos afectados por el impuesto, ya que consideran que no está definido de forma clara en la documentación aportada por la AEAT, Agencia Estatatal de Administración Tributaria, ni funciona el mecanismo de respuesta de las consultas vinculantes.
Además, el 80% ha asegurado que realiza estimaciones subjetivas para calcular la base imponible según los kilos reales de plástico virgen de los envases, ya que solo el 30% ha contado con la colaboración de sus proveedores. “Una gran parte de las empresas sujetas a este impuesto especial importan el material de otros países que no están obligados a declararlo por la regulación europea o nacional, por lo que resulta muy complicado obtener la información necesaria a declarar en España”.
Faysal Assakale, responsable de Impuestos en Ayming España, sugiere que “una solución práctica para otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y reducir la complejidad en la gestión del Impuesto podría ser la aprobación de valores por defecto”.
Sobrecostes y competitividad
El 70% considera que el impuesto está reduciendo su competitividad frente a otras empresas de países comunitarios que no soportan el tributo
Para el 45% de los empresarios consultados, el nuevo impuesto ha supuesto un sobrecoste de más de 3.000 euros y más de 15.000 para un 7%, por la n ecesidad de buscar ayuda externa para abordar sus obligaciones tributarias o para adaptar sus sistemas de gestión. Según la consultora, las empresas han tenido que destinar más de un 60% en horas de los empleados, un 35% de costes informáticos y un 4% en replantear nuevos diseños de productos y estrategias.“El sector pyme, es decir, el 99% del tejido empresarial español, no está habituado a tratar con la complejidad de este tipo de impuestos especiales y, por ende, han sido las más afectas en la medida en que también cuentan con menos recursos”, ha explicado Sonia Álvarez, directora del área de Fiscal de Ayming España.
Entre otros datos, el estudio revela también que el 70% de los encuestados considera que el impuesto está reduciendo su competitividad frente a otras empresas de países comunitarios que no soportan el tributo y el mismo porcentaje opina que no está cumpliendo con su finalidad de reducir el uso de plásticos no reutilizables en los envases. Para el 84% aún no es factible sustituir el plástico por otro material.
