Ayming advierte sobre el impacto real del impuesto al plástico

El conocido ya como impuesto al plástico, en vigor desde comienzos de año, grava la fabricación o adquisición intracomunitaria e importación de envases de plástico, así como los embalajes secundarios y terciarios que contengan este material, incluidos los films protectores de palés o los plásticos de burbuja. No se paga el impuesto por los envases fabricados con plástico reciclado, los que sean reutilizables o los que estén destinados a usos sanitarios, medicamentos y alguno más de carácter residual.

El nuevo impuesto ha supuesto una recaudación de 96 millones de euros en el primer trimestre del año, de los 491 que se tiene previsto recaudar en 2023 con el tributo

La consultora internacional Ayming ha elaborado un informe en el que ha analizado la aplicación del nuevo tributo en su primer trimestre de existencia. El nuevo impuesto, contemplado en la ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en abril de 2022, ha supuesto, señalan, una recaudación de 96 millones de euros en el primer trimestre del año, de los 491 millones que el Gobierno tiene previsto recaudar en 2023 con el tributo.

El 74% de esa recaudación procede de los sectores de alimentación y fabricación. “De febrero a marzo se ha incrementado un 75% el ingreso percibido por parte de Hacienda de la industria de alimentación y fabricación”, señalan desde Ayming, especializada en el ámbito de la estrategia, fiscalidad y la financiación de la innovación de empresas e instituciones.

Sonia Álvarez, directora de Fiscal de Ayming España, señala que, “a pesar de que sospechamos que, en estos momentos, la Agencia Tributaria no dispone de los suficientes recursos para ejecutar inspecciones que logren objetivos económicos razonables, las cifras de este primer trimestre no nos han sorprendido, puesto que el gran consumo y la alimentación son los sectores de actividad ideales para testar la recaudación, a pesar de que aún siguen reponiéndose de las diferentes circunstancias sobrevenidas a las que han hecho frente.”

Repercusiones

La consultora recuerda que “España ha sido el único país de la Unión Europea que ha decidido aplicar esta nueva carga impositiva, al contrario que el resto de estados, que la han aplazado teniendo en cuenta la complicada coyuntura que se vive a nivel internacional y el actual escenario de inflación”.

"En abril, más de un 80% de empresas del sector no tenían automatizado los procesos necesarios para realizar un reporte y declaración del tributo"

En su opinión, está generando “ un riesgo fiscal para la industria de la distribución, fabricación y alimentación, del cual han alertado las diferentes patronales y asociaciones, que, incluso, han presentado peticiones de moratoria y que, por el momento, Hacienda no contempla”.

Además, dicen en esta consultora, está dificultando la importación a las empresas españolas, puesto que en muchas ocasiones la industria alimentaria no fabrica los envases, sino que los adquieren a un tercero.  

Sonia Álvarez explica que “en multitud de ocasiones el vendedor desconoce la cuantía de plástico virgen contenido en los mismos. Además, los principales proveedores del sector están localizados en Polonia, República Checa, Francia o Italia, y aunque deberían informar de las cantidades de plástico que aportan a las empresas, al tratarse de un impuesto no armonizado y que no está en vigor en esos países, la realidad es que no están obligados a hacerlo atendiendo a sus respectivas legislaciones, de modo que conseguir este tipo de información para cuantificar la base imponible a declarar resulta cuanto menos, complejo”.

La directora de Fiscal de Ayming España, ha señalado también que “más allá de la evidente merma de competitividad que va a sufrir España y, especialmente su industria, una gran cantidad de empresas aseguran desconocer cómo llevar a la práctica su obligación tributaria"

"En abril, más de un 80% de empresas del sector no tenían automatizado los procesos necesarios para realizar un reporte y declaración del tributo, e incluso una gran parte del tejido industrial no es consciente de que tienen que presentar este impuesto, lo que implica un aumento significativo de la carga administrativa para la gestión del tributo, con el correspondiente aumento de los costes fijos que genera”, dice Álvarez.