Las reformas legislativas pendientes hasta final de 2024

El centro tecnológico Ainia ha repasado las principales reformas legislativas que afectan al sector de la alimentación y que están pendientes de aprobación antes de que finalice el año, tanto en España como en la Unión Europea. Son nuevas normas -algunas acumulan un retraso relevante- que tienen como objetivo mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la transparencia para los consumidores

“Es fundamental que las empresas del sector agroalimentario se mantengan informadas y preparadas para adaptarse a los próximos cambios legislativos, ya que estos tendrán un impacto directo en su operativa y en la confianza de los consumidores”, destacan en el centro tecnológico. “Las normativas pendientes representan una oportunidad para avanzar hacia prácticas más innovadoras y competitivas, alineadas con los desafíos globales del futuro”.

En cuanto a las nuevas regulaciones en las que trabaja el Gobierno y que afectarán de forma significativa a la industria alimentaria, desde Ainia destacan la Lista de frutas y hortalizas frescas, “que establecerá qué frutas y hortalizas pueden comercializarse envasadas sin cumplir con la obligación de venderse a granel en el comercio minorista, según el Real Decreto 1055/2022”. Este proyecto de orden ministerial debería haberse aprobado antes del 30 de junio de 2023.

También la Norma de Calidad para la Miel, que tiene como plazo máximo diciembre de 2025. Se trata de la modificación del Real Decreto 1049/2003, que incorpora la Directiva europea (UE) 2024/1438, en la que se establecen nuevas pautas para el etiquetado de la miel.

El sector de Aceites Vegetales también tendrá que enfrentarse a una nueva Norma de Calidad que modernizará la regulación actual, “facilitando la competitividad del sector y actualizando los controles para armonizar con el Reglamento (UE) nº 2017/625”, explican en el centro tecnológico.

Pendiente de aprobación están también la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que se quedó pendiente la anterior legislatura ante el adelanto electoral. La norma, la primera de estas características que se aprobará en España, podría contar con el visto bueno del Parlamento en los próximos meses. Desde Ainia destacan que esta ley será clave en la lucha contra el desperdicio alimentario.

En cuanto a las nuevas regulaciones en las que trabaja la Unión Europea y que por tanto serán de obligado cumplimiento en España y en el resto de países miembros se encuentra el nuevo Marco regulatorio para un sistema alimentario sostenible. Será, dicen en Ainia, “uno de los pilares de la transición verde” y busca establecer normas claras para lograr una producción de alimentos más respetuosa con el medio ambiente.

Además, la autoridad europea competente está procediendo a una revisión de los niveles máximos y mínimos permitidos, de vitaminas y minerales añadidos a los alimentos. Se prevé que las nuevas indicaciones afecten a una amplia gama de productos alimenticios.

Además, se está revisando la regulación relativa a materiales en contacto con alimentos, que afectará tanto a los fabricantes de envases como a los distribuidores de alimentos. “Se espera una mayor restricción del uso de bisfenol A (BPA) y otros bisfenoles, así como de metales pesados en materiales como cerámica y vidrio”, anuncian en Ainia.

Pendiente también la normativa europea relativa al etiquetado de los alimentos. La Unión Europea pretende que en todos los estados miembros se mejore la información disponible para los consumidores, sobre todo la relacionada con bebidas alcohólicas y el bienestar animal.

Por su impacto en el sector alimentario, “las normativas sobre materiales en contacto con alimentos y el etiquetado son las más esperadas. Estos cambios no solo afectarán a la producción, sino también a la forma en que se comunican las características de los productos a los consumidores”, ha destacado el responsable de Asuntos Regulatorios de Ainia, José María Ferrer.

En el centro tecnológico explican que “la evolución hacia un sistema alimentario más sostenible y transparente no solo responde a exigencias regulatorias, sino también a las crecientes demandas sociales por una mayor responsabilidad ambiental y seguridad alimentaria”.