AESAN, con más presupuesto, intensificará las inspecciones en 2023

El Ministerio de Consumo dispondrá en 2023 de 63,69 millones de euros, un 11,38% más que este año. El ministro Alberto Garzón explicó las prioridades de su departamento en una comparecencia durante el pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. 

"Seguimos profundizando la línea de trabajo sobre dietas saludables y sostenibles. En un país con un 40% de sobrepeso y obesidad entre niños y niñas de 6 a 9 años, mejor dieta significa mejor salud"

Este incremento ha permitido elevar la partida destinada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que contará el año que viene con un presupuesto un 7,19% mayor que el de 2022. El ministro de Consumo ha explicado que este aumento permitirá intensificar la labor inspectora, de vigilancia y de control en sus centros de investigación y servirá, también, para impulsar políticas vinculadas al concepto One Health, una única salud.

Los expertos de AESAN también trabajarán en establecer recomendaciones para mejorar la calidad de los menús de los colegios y de las residencias de mayores. El Ministerio también tiene previsto promover entre la población general una alimentación más saludable y basada en patrones más sostenibles. 

“Seguimos profundizando la línea de trabajo sobre dietas saludables y sostenibles. En un país con un 40% de sobrepeso y obesidad entre niños y niñas de 6 a 9 años, mejor dieta significa mejor salud”, ha señalado Alberto Garzón en el Congreso. Consumo va a realizar el año que viene un nuevo estudio quinquenal Aladino (el último se realizó en 2019) para conocer el impacto de la pandemia de Covid-19 en la alimentación y salud de los menores. 

Los consumidores, en el centro

El Ministerio impulsará el año que viene el Sistema Arbitral de Consumo, apoyando económicamente el trabajo de las juntas arbitrales de consumo regionales y locales

Garzón señaló en el pleno que las políticas del Ministerio seguirán enfocadas a “situar a las personas consumidoras como protagonistas, y no como meras receptoras, en la transformación ecológica” que, ha reiterado, “no puede esperar un segundo más. El cambio climático es una amenaza clara para la biodiversidad y los sistemas alimentarios, pero también para el acceso a alimentos seguros y asequibles, para mantener el empleo, el futuro y la sostenibilidad del sector primario”. Por ello, ha insistido en la necesidad de situar a los consumidores en “el centro de un modelo de producción y consumo transformador que no ignore los límites planetarios ni rompa los equilibrios ecosistémicos de la vida”.

El Ministerio dedicará el año que viene 17 millones de euros, un 17,27 % más que en 2022, a políticas de protección para las personas consumidoras y usuarias. Se va a crear una nueva subdirección general de Inspección y Régimen Sancionador, dependiente de la Dirección General de Consumo (DGC) y se avanzará en la digitalización y modernización de centros como el de Investigación y Control de la Calidad, el Observatorio del Consumo en Internet o el Centro Europeo del Consumidor.

También está previsto impulsar el Sistema Arbitral de Consumo, apoyando económicamente el trabajo de las juntas arbitrales de consumo regionales y locales.

El Ministerio seguirá trabajando además en el desarrollo normativo en materia de accesibilidad universal en el etiquetado. “Queremos que las personas consumidoras conozcan sus derechos, pero, sobre todo, que sean parte protagonista de los cambios y transformaciones para lograr una sociedad más justa, igualitaria y sostenible”.