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El Congreso aprueba la primera ley contra el desperdicio alimentario en España
Reducir un 20% el
desperdicio de alimentos en las cadenas de producción y de suministro para 2030 y un 50% en la venta minorista y en los hogares es el objetivo de la
Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario aprobada definitivamente en el Congreso. La nueva norma
obliga a toda la cadena de valor y a todas las administraciones públicas a comprometerse para evitar que miles de toneladas de alimentos terminen en la basura
21 de marzo de 2025, 10:13
Tras años de tramitación y debates, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el jueves, 20 de marzo, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que obliga a toda la cadena alimentaria (producción, transformación, distribución, hostelería y restauración) a disponer de planes de prevención para evitar que los alimentos terminen en la basura. Es la primera ley que regula en España el desperdicio alimentario.
La segunda prioridad pone el foco en la transformación de excedentes en zumos, mermeladas u otros productos
En nuestro país se desecharon 1,2 millones de toneladas de alimentos en 2023, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha impulsado esta ley. Y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) estima que cada año se desperdicia el 30% de los alimentos que se producen en el mundo, en torno a 1.300 millones de toneladas.
Esta nueva ley marca como objetivo reducir en España un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y de suministro para el año 2030 y reducir a la mitad los residuos alimentarios en la venta minorista y en el consumo en el hogar.
Para garantizar su cumplimiento, la ley contempla un régimen sancionador que establece multas de entre 2.000 y 500.000 euros para las infracciones más graves.
Prioridades y alternativas viables
Los planes de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que deben tener todos los agentes de la cadena alimentaria deben establecer una jerarquía de prioridades para evitar el desperdicio en cada uno de sus ámbitos y alternativas viables para cumplirlas. En primer lugar, la ley establece el aprovechamiento de los alimentos para el consumo humano. Cuando sobren, su aprovechamiento en la fabricación de otros productos alimentarios para los que sean aptos (zumos, mermerladas...) .
Cuando aun así se generen excedentes, estos alimentos deben donarse y redistribuirse para el consumo humano. Las grandes superficies (más de 1.300 metros cuadrados) deberán establecer convenios con bancos de alimentos y entidades sociales sin ánimo de lucro para hacerles llegar los productos que no han podido vender antes de la fecha de caducidad para garantizar un consumo seguro. Y en última instancia, los alimentos no consumidos deberán aprovecharse en alimentación animal, compostaje o producción de biocombustibles, como el biogás.
En cuanto a la hostelería y restauración, se establecen soluciones como el derecho de los consumidores a llevarse las sobras de los restaurantes sin ningún coste en envases reutilizables o reciclables (en línea con las normas para reducir el uso de plásticos de un solo uso).
Fechas de consumo ajustadas
La ley obliga a todas las administraciones a incentivar los productos de temporada, de proximidad y ecológicos
La nueva norma prevé también incentivar la creación de nuevos negocios que promuevan la reutilización de los excedentes alimentarios; así como la investigación enfocada a prolongar la vida útil de los alimentos y bebidas. Distintos centros tecnológicos y empresas están trabajando ya en esta línea, por ejemplo en busca de nuevos ingredientes, materiales para los recubrimientos de envases y otras soluciones de packaging o en nuevas tecnologías de conservación como las ventajas que pueden ofrecer las altas presiones (HPP).
También desde las organizaciones alimentarias se promueve desde hace tiempo la lucha contra el desperdicio alimentario. La organización del sector lácteo InLac lanzaba esta Navidad una campaña específica.
Los fabricantes de alimentos también deberán ajustar todo lo posible sus fechas de consumo preferente para evitar confusiones entre los consumidores y reducir también así el desperdicio de alimentos que aún pueden consumirse con total seguridad. Y en la distribución se exigirá una línea de venta de alimentos imperfectos o poco estéticos que son perfectamente comestibles.
La ley obliga también a todas las administraciones públicas a promover hábitos de consumo responsable a través de campañas informativas y de concienciación, incentivando los productos de temporada, de proximidad y ecológicos. Empezando por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que deberá elaborar un Plan Nacional de Control de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, con objetivos generales y prioridades para las tareas de control, y que servirá como hoja de ruta.
La norma comenzó su tramitación parlamentaria la pasada legislatura, aunque quedó en suspenso por el adelanto electoral. El pasado mes de diciembre, el Congreso ya la aprobó con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP. Ayer se cumplió el último trámite para su aprobación definitiva con la votación sobre las enmiendas presentadas en el Senado.
