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FIAB pide al Gobierno diálogo para evitar los "costes inasumibles" del decreto de envases
Un impacto de 7.040 millones para la industria de la alimentación y bebidas, 2.400 empresas y 26.500 empleos del sector están en riesgo con el Real Decreto de Envases y la Ley de Residuos que proyecta el Gobierno, según el informe realizado por Afi para analizar el impacto de las dos normativas a petición de FIAB. Desde la organización las consideran «inasumibles» en el actual contexto, reiteran su compromiso con la economía circular y piden negociar ambos proyectos ante los objetivos comunes que comparten
El informe realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) es demoledor, sobre todo ante el impacto previsto del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, en tramitación en este momento. Entre otras medidas prevé la reducción del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso en 2030 y nuevos objetivos de reutilización.
El estudio estima que el impacto de la nueva normativa de envases tendría un coste de 6.270 millones de euros para las empresas del sector: 4.670 millones relacionados con las medidas sobre reutilización de envases en hogares y Canal Horeca, y 1.600 millones las relacionadas con la reducción de botellas de plástico. El Real Decreto pone en riesgo a 2.400 empresas y 25.640 empleos, según los datos que maneja AFI, que también calcula en 1.560 millones de euros el impacto sobre el PIB, la mayor parte atribuibles a las medidas de reutilización de envases.
El sector reitera su compromiso con la sostenibilidad. “La mayoría de las empresas llevamos muchos años trabajando en ello”, señala García de Quevedo
Aunque de menor calado, el impacto de la ley de Residuos y Suelos Contaminados también es significativa, según el informe de Afi, que reparte a la mitad el coste de la nueva norma proyectada entre empresas y consumidores: 780 millones para cada parte. De ellos, 490 corresponderían a la responsabilidad ampliada del productor y los otros 290 al impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Con esta norma, el estudio determina que se ponen en peligro 880 empleos y tendría una repercusión de 80 millones sobre el PIB.Ambas normas, según el socio de Afi, Diego Vizcaino, afectarían especialmente a las pequeñas empresas ubicadas en las regiones más dedicadas a la industria alimentaria y de bebidas: Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Serían 2.400, el 7% de las empresas del sector, indican. Desde el punto de vista de los hogares españoles, los más afectados serían los de los jóvenes y familias con hijos menores de 15 años, especialmente las residentes en áreas urbanas de Madrid, el centro y Andalucía.
Más allá de la normativa europea
Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) hacen un llamamiento al Gobierno para que reconsidere ambos proyectos, sobre todo ante el contexto bélico e inflacionista que estamos viviendo, señalaba el presidente en la webinar donde se ha presentado el informe. Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, insistía en que el sector de la alimentación está comprometido desde hace años con la sostenibilidad. “La mayoría de las empresas llevamos muchos años trabajando en ello”.El director general de Fiab ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad” para dialogar y llegar a acuerdos sobre ambas normas
Las nuevas medidas planteadas por el Gobierno, sin embargo, “van mucho más allá de la normativa europea” y en algunos aspectos, señalan, “ representan un viraje normativo respecto a la ruta marcada por la UE”, obligando a las empresas a realizar cuantiosas inversiones en un breve plazo de tiempo y en una situación con un alto nivel de incertidumbre e inimaginable hace dos meses”. García de Quevedo ha indicado que los costes de la electricidad se han vuelto inasumibles para muchas empresas desde que comenzó la guerra en Ucrania. "No es el momento de seguir con esto", indicaba.El director general de FIAB ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad” para dialogar y llegar a acuerdos sobre ambas normas. “Tenemos que sentarnos para buscar juntos soluciones que no dañen no solo a este sector, sino a la economía en su conjunto”. García de Quevedo ha reiterado el compromiso de la industria con la economía circular y, en base a ello, cree factible encontrar vías de acuerdo. “Todos tenemos los mismos objetivos”, ha señalado con respecto al compromiso del sector con la transición ecológica.
