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La aplicación de la ley contra la deforestación, aplazada por el Parlamento Europeo
La
UE dio un paso clave en 2023 al aprobar una
normativa para impedir que los
productos comercializados en su mercado procedan de zonas afectadas por la
deforestación. Este 26 de noviembre, el
Parlamento Europeo respaldó una simplificación de estas reglas, concediendo a las empresas un año adicional para adaptarse a los nuevos requisitos
27 de noviembre de 2025, 11:00
El reglamento europeo contra la deforestación fue aprobado por el Parlamento el 19 de abril de 2023 con el objetivo de “luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, evitando la deforestación vinculada al consumo en la UE de productos derivados del cacao, café, aceite de palma, soja, madera, caucho, carbón, papel impreso, y ganado”. El miércoles 26 de noviembre, la cámara votó a favor de introducir cambios concretos para facilitar la aplicación de la normativa europea de deforestación a las empresas, los actores globales, a los Estados miembros y a países terceros, texto que fue aprobado por 402 votos a favor, 250 en contra y ocho abstenciones. Esta decisión llega después de que en la pasada sesión plenaria se acordara tramitar por el procedimiento de urgencia la nueva propuesta de la Comisión Europea para simplificar la legislación.
Según el texto aprobado, las empresas tendrán un año adicional para cumplir con las nuevas normas europeas contra la deforestación. Los grandes operadores y comerciantes tendrán que respetar las obligaciones de la legislación a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las empresas más pequeñas (menos de cincuenta empleados y una facturación anual inferior a diez millones de euros) deberán hacerlo a partir del 30 de junio de 2027. Los nuevos plazos tratan de garantizar “una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas”.
Los eurodiputados consideran que la obligación de presentar una declaración de diligencia debida debe recaer sobre las empresas que introducen por primera vez un producto en el mercado de la UE, y no sobre los operadores y comerciantes que posteriormente lo comercializan.
Los cambios en el reglamento también reducirán las obligaciones para las compañías más pequeñas, que solo tendrán que presentar una única declaración simplificada. El Parlamento ha solicitado una revisión centrada en la simplificación normativa para el 30 de abril de 2026, con el fin de evaluar el impacto de la ley y la carga administrativa que genera.
Reformulación de la ley definitiva
Tras la votación, el Parlamento puede empezar las negociaciones con los Estados miembros sobre la formulación definitiva de la ley, que debe ser aprobada tanto por el Parlamento como por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE antes de que termine 2025, para que pueda entrar en vigor el año extra de margen.
