La ley contra el Desperdicio Alimentario vuelve al Congreso

La ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que había sido aprobada en mayo del año pasado por el Congreso de los Diputados y había llegado al Senado, decayó por el adelanto electoral y la disolución de las Cortés el pasado verano. Con la aprobación de nuevo del proyecto de esta ley por el Consejo de Ministros el pasado 9 de enero, se reinicia otra vez su tramitación parlamentaria. 

“Dada la importancia que tiene para la sociedad española en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico, el Gobierno ha considerado prioritario retomar esta iniciativa legislativa y aprobar este proyecto de ley en el primer Consejo de Ministros de 2024”, han indicado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha impulsado la norma y la considera una prioridad esta legislatura. 

La ley busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos y la donación 

“En un contexto como el actual, no podemos permitirnos como sociedad el lujo de desperdiciar el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores o despilfarrar recursos como el agua, la energía o los fertilizantes”, señalan.

Este proyecto de ley es el primero que aborda en España las pérdidas y el desperdicio alimentario. La norma pone el foco en la prevención y la concienciación de toda la sociedad y “busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos, la donación y contribuir de esta manera a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable”, explican desde el Ministerio. 

Algunas de las medidas 

Según el proyecto de ley que ahora debe volver a aprobar el Congreso, todas las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención del desperdicio alimentario, en el que identifiquen dónde se producen las pérdidas, establezcan medidas concretas para reducirlas y prevean usos alternativos siguiendo una jerarquía de prioridades adaptada a sus características. 

Esta jerarquía prioriza el consumo humano como primera salida a los alimentos que hasta ahora se desechaban. Bien a través de donaciones o la redistribución de los excedentes de alimentos. Y para ello, los agentes de la cadena alimentaria deberán suscribir convenios de colaboración con otras empresas o entidades de iniciativa social o bancos de alimentos, en los que especifiquen las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos. Todos, excepto los establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m². 

Se fomentará la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima 

Cuando esto no sea posible, la ley contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido y se mantengan en condiciones aceptables para su consumo. Por ejemplo, dándoles otros usos como la elaboración de mermeladas o zumos, piensos para animales o compost para abonar la tierra o para biocombustibles.

Restaurantes y otros establecimientos de hostelería deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido sin ningún coste y en envases reutilizables o fácilmente reciclables, aunque desde el Ministerio recuerdan que sí deberán cobrar por los envases de plásticos de un solo uso, tal y como establece la Ley de Residuos que entró en vigor en abril de 2022. 

Además, la futura ley contempla impulsar buenas prácticas entre los consumidores, como incentivar el consumo de productos poco estéticos, los alimentos de temporada, los de proximidad y los ecológicos; así como fomentar la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima.

Para ello, se “adoptarán políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio”, anuncian desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre otras, prevén campañas informativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. 

La norma, señala, tiene “más vocación de concienciación y sensibilización que de coerción”, pero también cuenta con un régimen sancionador.

Para el Gobierno también contempla obligaciones, como la elaboración de un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general y marcará las pautas a las comunidades autónomas sobre este ámbito. También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario, que contendrá objetivos generales y prioridades para las tareas de control. 

Datos a tener en cuenta

La sociedad española está cada vez más concienciada contra el desperdicio alimentario, tal y como revelan los indicadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En 2022, los hogares españoles tiraron a la basura un 6,1% menos alimentos que el año anterior y un 13,5 % menos que 2019, pero aun así se desperdiciaron 1.170,45 millones de kilos o litros de alimentos en todo el país, 65,5 kilos o litros por hogar. 

El 30% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, según la FAO

Los productos sin elaborar siguen siendo los que más se tiran, aunque también cada vez menos y en 2022 la cifra se redujo un 9 % con respecto a 2021. Subió, sin embargo, el desperdicio de platos cocinados un 6,7 % en el mismo periodo.

También fuera del hogar hubo una reducción significativa en 2022 (último año del que se tiene datos). Cayó un 11,3% con respecto a 2021, pese a que el consumo alimentario aumentó un 6,1%. Ese porcentaje supone que el desperdicio de alimentos y bebidas se redujo en más de 4 millones de kilos o litros respecto del 2021. 

“Los datos reflejan que se camina en una buena dirección, pero resulta necesario continuar la labor de sensibilización y educación sobre el control de los productos frescos perecederos y no perecederos, y su aprovechamiento, en especial tras la implementación de las nuevas rutinas tanto de trabajo como de consumo fuera del hogar”, comentan desde el Ministerio.

A nivel mundial se desperdician 1.300 millones de toneladas cada año, en torno a un 30% de los alimentos que se producen en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Desde el Ministerio recuerdan que el desperdicio está muy relacionado con “errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores”.

La ley que reinicia ahora su tramitación parlamentaria está en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para esa fecha, el reto es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante en venta al por menor y consumo y disminuir las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro.